Cuando gobierna la edad media

Silvano Aureoles Conejo

“El gobierno del estado de Michoacán, en México, se encuentra en el centro de de una polémica”. Algo así puede leerse, con las variantes del caso, en los titulares de esta parte del mundo. El tema es el de la punibilidad a las mujeres que se sometan a un aborto, tema que causa escozor en estratos varios de la sociedad, sea del país que fuere. Pero el punto es que pude leer el artículo de la ley que se está discutiendo y mi asombro y disgusto me obligan a compartir lo que pienso de este asunto. Veamos el artículo en cuestión:

Artículo 288. Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias: I. Que no tenga mala fama; II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.

En síntesis: no sólo se pena al aborto, sino que se manejan conceptos como “mujer de mala fama” (si es una de ellas la pena va de un año a cinco años, si no se es una mujer de “mala fama” la pena es de seis meses a un año) o “unión ilegítima” (la unión legítima es, como todos saben, la unión glorificada por el estado y la iglesia; todas las demás, son “ilegítimas”).

Me tomo un minuto para verificar que estoy viviendo en el Siglo XXI; temo que algún demonio maligno me haya tomado en sueños y me haya transportado al siglo XIV o algo así. Cuando todo el mundo sabe que el penar el aborto no es la solución al problema, sino que es una decisión que complica el asunto, además de ser moralmente inaceptable; en el estado de Michoacán se vuelve en el tiempo y se estigmatiza a una persona que, en muchos casos, es una víctima. (Aclaración necesaria: si bien el artículo 289 despenaliza al aborto cuando éste es fruto de una violación, nada se dice para los casos en los que el feto pueda tener deformidades genéticas).

El aborto es tema por demás complejo; no soy de los que promueven un “aborto libre como si fueran caramelos”, pero creo que penalizarlo no es la solución; mucho menos, claro está, manejar conceptos como los que detallé más arriba. ¿Quién es el gobernador o un mero político para determinar conceptos morales? ¿Y quién determina, entonces la moral del gobernador?

Después me preguntan por qué me opongo a la religiones y a su injerencia en los asuntos públicos…

 

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